lunes, 28 de julio de 2008

Adopciones ilegales.


Leyendo El Pais digital, me quedo indignada ante la noticia que aparece hoy y que hace referencia a las adopciones en EEUU de niños procedentes de Guatemala, que según el artículo, es el segundo país en número de niños adoptados en EEUU después de China.


El 26 de marzo de 2006, dos hombres y dos mujeres armados entraron en la zapatería donde Ana Escobar,reciente madre soltera, trabajaba. Se llevaron por la fuerza a la niña, y desde entonces Escobar no ha parado de buscarla. Una huelga de hambre con otras cuatro madres ; la acción de organizaciones de derechos humanos y ONG y, sobre todo, el tesón infatigable de Escobar pusieron sobre la mesa el problema.
El Congreso de Guatemala, presionado por la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado, adoptó en diciembre de 2007 una Ley de Adopciones y creó el Consejo Nacional de Adopciones; además, y gracias a la presión de las madres en huelga, en mayo se paralizaron todos los procesos de adopción en curso, alrededor de 2.300. El año pasado, más de 4.700 niños guatemaltecos fueron entregados a parejas estadounidenses.

Pero a Ana Escobar no le resultó tan fácil probar el hecho. Al contrario, al denunciar el robo de su niña ante la policía, "me empezaron a echar la culpa a mí, decían que yo la había vendido", contaba el pasado 25 de julio, un par de días después de recibir a Esther, en declaraciones a la BBC. "Las autoridades no me escucharon", se queja Escobar. "La ley aquí en Guatemala no sirve; sigue el robo de niños, y ha aumentado en los últimos meses", afirma. "Tengo entendido que dan hasta 50.000 dólares( casi 32.000 euros) por cada niño".

Afortunadamente, este caso ha terminado bien, pues Ana Escobar ha conseguido por fin recuperar a su pequeña Esther Sulamita después de dos años de lucha constante, pero otras mujeres no han tenido la misma suerte. Y es que este mercado de niños genera ingresos de entre 100 y 150 millones de dólares (entre 63 y 96 millones de euros) al año, según cálculos de Unicef. En un país donde el 56% de sus 13 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, donde la renta per cápita es de 4.700 dólares, menos de la mitad que la de Argentina, Brasil o Chile; donde aún se sufren las consecuencias de 36 años de guerra civil, se entiende que cualquier ingreso extra, aun ilícito, pueda tenerse en cuenta. Y para las mafias la adopción internacional (hay 3.700 familias estadounidenses haciendo cola) no es sino una oportunidad de diversificar el negocio. Las mafias emplean jaladores, inquietantes figuras que detectan embarazos y pagan u obligan a la futura madre a desprenderse del bebé después del parto. Pero cuando las amenazas o el dinero no valen, se recurre a la fuerza.

Es comprensible el deseo de tener hijos, pero ¿a cualquier precio? Es muy fácil cerrar los ojos ante la desgracia ajena, a pesar de que pueda existir una sospecha de que las cosas no son todo lo legales que deberían; pero ante una adopción internacional de un niño que procede de un país pobre, hay que tener en cuenta la posibilidad de que ese niño haya sido secuestrado y separado por la fuerza de su madre.

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